La “Ley de Inclusión” es la primera Ley que se aprueba en el marco de la Reforma Educacional, lo que permitirá asegurar que la educación sea un verdadero derecho social al cual todos y todas puedan acceder.

Asegurar la calidad de la educación y la protección de derechos de todas y todos los miembros de la comunidad educativa, es el desafío que plantea la nueva Ley de Inclusión, que entra en vigencia el 1° de marzo de 2016; iniciativa que forma parte del Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y que en la Provincia de Parinacota ya comienza a implementarse.

La información la dio a conocer el gobernador Roberto Lau  junto a la directora de la Superintendencia de Educación de Arica y Parinacota, Rosa Lozano, en un hito comunicacional que se realizó en la localidad de Putre.

Al respecto el gobernador señaló que la nueva “Ley de Inclusión” es la primera Ley que se aprueba en el marco de la Reforma Educacional, lo que permitirá asegurar que la educación sea un verdadero derecho social al cual todos y todas puedan acceder.

Otro de los alcances de la Ley, establece que los establecimientos educacionales no podrá cancelar la matrícula a las y los alumnos por rendimiento, condiciones disciplinarias o por situaciones políticas, asegurando el trato justo y el cumplimiento normativo.

“Nuestro desafío es generar que los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a las comunidades indígenas, no sean discriminados dentro del formato completo de la Educación, ni tampoco al interior de los establecimientos de la provincia”, agregando que la Ley no sólo representa un triunfo para el Gobierno, sino un logro para el país”.

Fiscalización

Por su parte la directora de la Superintendencia de Educación de Arica y Parinacota, Rosa Lozano, indicó que la nueva norma amplía las atribuciones de la Superintendencia de Educación Escolar, permitiendo desarrollar acciones rigurosas en contra de los abusos y las malas prácticas.

“Debemos velar para que las y los estudiantes no se vean afectados por las medidas que implementar las escuelas en cuanto a expulsión, cancelación o no renovación de la matrícula u otras sanciones disciplinarias pueden ser aplicadas siempre y cuando él o la estudiante sea un riesgo presente a los miembros de la comunidad educativa, y no convertirse en acciones que vulneren el derecho a la educación.

Destacó que la Ley de Inclusión establece el deber de implementar en favor de los estudiantes medidas de apoyo pedagógico o psicosociales, anticipando y previendo la aplicación de  medidas disciplinarias sancionatorias. Estas medidas contenidas en el Reglamento Interno del establecimiento deben ajustarse a la normativa educacional vigente.

También modifica la Ley de Subvenciones, detallando el procedimiento que deben adoptar los establecimientos municipales y particulares subvencionados al momento de aplicar las medidas disciplinarias como expulsión o cancelación de matrícula.

Estadísticas 

Según las denuncias, consultas y reclamos recogidas por la Superintendencia de Educación, muestran un alza en un 106% en la Región. La mayoría de los reclamos se enmarcan en situaciones de discriminación por rendimiento escolar, déficit atencional y pertinencia cultural.